El C\u00f3digo Tributario faculta al Tesorero General para declarar incobrables deudas por impuestos, entre otras razones, por no tener el contribuyente bienes con que responder a la deuda despu\u00e9s de dos a\u00f1os de iniciada la cobranza (desde el requerimiento de pago); insolvencia debidamente comprobada y las de contribuyentes que sin tener bienes hayan estado ausentes del pa\u00eds tres o m\u00e1s a\u00f1os. Aunque se trata de una poderosa herramienta para depurar las siempre abultadas cuentas fiscales morosas y para reencaminar los esfuerzos a los deudores que efectivamente tienen recursos para pagar, esta atribuci\u00f3n del Tesorero es subutilizada, porque exige probar que el deudor \u201cno tiene bienes\u201d y todos sabemos que por muy pobre que alguien sea, siempre posee alg\u00fan bien en su haber. Cierto es que no se exige una ausencia \u201cabsoluta\u201d de bienes, pero la exigencia legal obliga a que se verifique que el deudor no tiene con qu\u00e9 responder ni a\u00fan a una parte de la deuda fiscal, por lo que el trabajo administrativo para configurar una incobrabilidad es arduo y las m\u00e1s de las veces infructuoso, ya sea porque las bases de datos registran bienes que jam\u00e1s se logra ubicar en la realidad o porque en alg\u00fan momento, hace muchos a\u00f1os, un funcionario embarg\u00f3 al deudor un veh\u00edculo viejo o inservible o muebles de oficina, y ahora, ya no es ubicable ni lo uno ni lo otro, ni menos el deudor o la empresa deudora. Si a todo lo anterior agregamos que por tratarse de recursos p\u00fablicos los procesos y declaraciones de incobrabilidad son rigurosamente fiscalizados tanto internamente como por Contralor\u00eda General, nos encontramos con que lo que parece una buena idea para agilizar la gesti\u00f3n de la cartera fiscal morosa se transforma en una trabajosa pesadilla que tranca la cobranza dejando atoradas en el sistema deudas eternas que crecen d\u00eda a d\u00eda y que no se pueden eliminar porque mientras no sean declaradas incobrables, Tesorer\u00edas tiene el deber de cobrarlas, aunque todos sepan que jam\u00e1s se lograr\u00e1 recuperar un peso con ellas o, lo que es peor, que por cada peso que se recupere se gastar\u00e1n dos.<\/p>\n\n\n\n
En la otra vereda, en cambio, en el mundo de las deudas entre privados, la Ley N\u00ba 20.720 sobre Reorganizaci\u00f3n y Liquidaci\u00f3n de Empresas y Personas (que sustituy\u00f3 a la antigua quiebra), tiene una visi\u00f3n muy distinta del problema, pues asume como cierto que un deudor en alg\u00fan momento de su vida puede carecer de los recursos con los cuales pagar cumplida y oportunamente a sus acreedores y, por lo tanto, si esto sucede, lo mejor es que cuanto antes sea posible se reconozca o se declare esa situaci\u00f3n de insolvencia para que puestos todos los bienes del deudor a disposici\u00f3n de todos sus acreedores, puedan estos venderlos y con su producto pagarse hasta donde se alcance. Como l\u00f3gica consecuencia de que al final de este proceso ya no hay nada con que pagar, se produce la extinci\u00f3n del saldo de deuda no pagado. Claramente, la antigua quiebra, hoy liquidaci\u00f3n concursal, no es la panacea y puede plantear otros riesgos que deben ser cuidadosamente evaluados, pero presenta notorias ventajas respecto al sistema de incobrabilidad administrativa de impuestos actualmente vigente y constituye un substituto eficiente para eliminar las deudas fiscales incobrables por insolvencia que el mismo C\u00f3digo Tributario reconoce.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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